Opinión pública
El “rector” sigue sin universidad
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este jueves se publicó la nueva Ley de Entrega Recepción que estará vigente en la transición de poderes, cuando Américo Villarreal deje el gobierno y se instale el, o la que resulte electa.
Nada nuevo. Sustituye a una Ley que viene de 2003, que carece de lo mismo: Dientes para castigar pillerías de los funcionarios.
Cuando dejó el poder Francisco Cabeza de Vaca -no entregó, sino que huyó varios días antes de territorio nacional-, sus colaboradores se robaron hasta los macetones de adorno de Palacio de Gobierno.
Una salida fácil fue decir que eran rentados, como muchas otras cosas.
No hubo acto republicano en el Congreso del Estado. Fue una fuga bien planeada para huir de México, dejando tras de sí un cochinero administrativo que sigue sin resolverse.
Se “perdieron” no solo vehículos sino hasta caballos de la Policía Montada. Se presentaron decenas denuncias, documentaron anomalías, pero nada pasó.
Cierto, el nuevo ordenamiento determina que ningún funcionario podrá retirarse sin antes entregar papeles y bienes, en orden, y hasta con la intervención de notarios públicos, pero… Huyen.
La entrega debe prepararse desde un año antes tratándose del Gobierno del Estado, con seis meses la de ayuntamientos.
Manda que los “castigos” se impongan según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, o sea, puros coscorrones o llamados “en voz fuerte”, a los que nadie hace caso.
Los comités de enlace -igual que la presente Ley- deberán integrarse 30 días antes con representantes del equipo que se va y el que llega, sin que sean considerados empleados de institución alguna.
Nadie hace caso a las peticiones de aclaración que los ex funcionarios deben hacer hasta 60 días después de haber entregado. Se burlan.
Hace falta apretar más. Mientras un funcionario sepa que puede irse con las manos llenas sin enfrentar consecuencias, lo va a seguir haciendo sin importar cuantas Leyes existan. Lo que más les duele es la cárcel y las sanciones en el bolsillo.
El mismo pecado original: A la Ley le faltan dientes para enjuiciar a los bandidos del erario.
Cuando la contraloría o la Auditoría Superior señalan a alguien, acude al Tribunal de Justicia Administrativa donde por lo general conceden perdón y nadie regresa billetes a la caja de Finanzas.
Por ejemplo, la Auditoría Superior reclama hasta 4.6 millones de pesos a los jefes de Comapa Camargo, por irregularidades administrativas, pero los expedientes tienen meses en el Tribunal. No pasan a la Fiscalía Anticorrupción.
Tema aparte, el auto doctorcito Francisco Chavira Martínez, mercenario de la política y negociante de la educación, presume reconocimientos federales de validez para sus escuelas “patito”, luego que el gobierno del Estado le quitó los RVOES.
Parece una nueva forma de defraudar, innovando ahora que las carreras son en línea (Global University).
Le dimos una “revisadita” a los reconocimientos federales y no aparecen las escuelitas de Don Francisco, licenciaturas, maestrías y doctorados que presume.
Sí, otras instituciones de prestigio como la UNAME (idiomas) Matamoros, Universidad Americana del Noreste, Universidad del Desarrollo Profesional y así sucesivamente instituciones serias.
Una pregunta, la principal. ¿por qué no interviene la SET a fondo? La sospecha es que el individuo sigue engañando a la juventud. Presume 40 carreras de licenciatura, 12 de maestría y cinco doctorados. Afirma que tiene reconocimiento oficial federal, pero no lo exhibe.
Puede tratarse de un enorme fraude. Promete becas de 75 por ciento en las colegiaturas e inscripción gratuita ¿acaso es competencia de la Fiscalía de Justicia? ¿alguien tiene qué denunciar?.
En su vida política, desde hace años, el “rector sin universidad”, Francisco Chavira, ha sido un pájaro de cuenta. Estuvo preso más de nueve meses por robo de vehículo, daños en propiedad y lesiones, entre otros, todo por un pleito interno por las prerrogativas del PRD.
La secretaría de Educación debe investigar y orientar a los jóvenes y padres de familia si las “patito” tienen reconocimiento federal o no.
Y en Reynosa, después de tantas amenazas, por fin Luis Miguel Iglesias “renuncio” al partido Morena, donde nunca lo consideraron como militante ¿se pusieron a temblar los guindas?. Junta más una pelea de perros que él.
Es un tipo escándalo que cree que su presencia jala multitudes, cuando no tiene un solo triunfo en las urnas.
Ahora dice que jugará como independiente y anda en precampaña como libre, pero nadie apuesta un quinto por una victoria suya.
Es de mencionar que, siendo delegado de los Programas Federales de Bienestar, fue destituido por actos de corrupción.
Ahora resulta que el presunto Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ni es asociación civil ni su titular, Jesús Raymundo Ramos Vázquez, es licenciado (en nada).
Fue castigado y denunciado por el gobierno de los Estados Unidos y la FGR por estar al servicio de un cártel mexicano. Acosaba a las fuerzas federales por paga, de lo cual luego abundaremos.