Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, acusó una “política de persecución” en su contra tras las críticas por la organización de la feria municipal y cuestionamientos a la obra pública, en medio de la disputa con el Gobierno del Estado por el control de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

Durante una entrevista improvisada en los pasillos del Palacio de Gobierno estatal, el edil —exconvicto— afirmó que existe una intención política detrás de los señalamientos.

“Se quieren colgar de mi popularidad”, expresó, al tiempo que sostuvo que desde la administración estatal ha prevalecido “una política de estar dando lata a los alcaldes de oposición”.

Almaraz informó que promovió un juicio de amparo para obligar a las autoridades estatales a definir si el organismo operador del agua regresará a la administración municipal, luego de la reforma a la Ley de Aguas aprobada en diciembre pasado, la cual —según argumentó— fortalece las facultades de los ayuntamientos.

“Ahorita me amparé para que digan sí o no. Oficialmente no dicen nada”, declaró.

Hasta el momento, el Ejecutivo estatal no ha emitido postura pública sobre el recurso legal ni sobre un eventual cambio en la administración del organismo.

SEÑALAMIENTOS SOBRE LA COMAPA 

El presidente municipal describió a la Comapa como un organismo “destrozado”, con infraestructura obsoleta y fallas en el proceso de potabilización. Aseguró que existen problemas graves en la calidad y el suministro del agua, la cual —dijo— llega a los hogares con coloración turbia o amarillenta.

Asimismo, vinculó el alto índice de cáncer en la región con la calidad del agua proveniente del canal Anzaldúas, al advertir sobre la posible presencia de residuos industriales y metales pesados. No obstante, reconoció que autoridades sanitarias han descartado una relación directa entre ambos factores.

En paralelo, el alcalde denunció que su administración ha sido objeto de cuatro auditorías y aseguró que, hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha ejecutado obra pública en el municipio.

“No siento que sea decisivo, pero sí hay una política de estar dando lata”, insistió.

Mientras el diferendo institucional permanece sin una resolución oficial, la operación de la Comapa continúa bajo administración estatal y sin definición pública sobre su futuro administrativo.